Nos encontramos ante una arremetida sin cuartel contra el sistema judicial representado por un Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que dicta sentencias en función de la justicia como concepto y marco legal porque entiende que se produce una discriminación a los vascos con lengua materna castellana y que las resoluciones de los ayuntamientos pudieran ser constitutivas de actos ilegítimos por incumplir la Constitución española. Sin duda estas sentencias caben interpretarlas desde enfoques diferentes en función de la ideología de los que las analicen, pero lo que no es admisible es que se impulsen actuaciones de claro desacato y de subversión contra el orden constitucional, tratando de presionar al poder judicial para que dicten sentencias ad hoc de los intereses de grupos de presión política a las que ya estábamos acostumbrados en tiempos en los que ETA y sus acólitos hacían imperar el terror y se apropiaban del espacio público para someternos a su tiranía.
Los disidentes, con respecto a esas resoluciones judiciales, tienen la capacidad y el derecho de recurrir ante las instancias jurisdiccionales superiores a ese Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, y suponemos que así lo han hecho. Por lo que les corresponde esperar a la correspondiente resolución judicial del Supremo, en su caso, en vez de subvertir el orden público sublevándose contra el Poder Judicial que tiene sus normas, procedimientos e independencia respecto al resto de poderes, al menos en teoría, y más aún ante el chantaje de la presión y amenaza sutil y latente que conlleva el acoso de independentistas irredentos.
Es por eso que demandamos el imperio de la ley y el Estado del Derecho, que en los últimos tiempos está gravemente comprometido por la irresponsabilidad de las diferentes instancias políticas e institucionales.